El director de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, sostuvo hoy que más que pensar en subsidiar la tarifa de la luz hay que invertir recursos para mejorar notablemente el servicio de energía eléctrica que el Estado ofrece a la ciudadanía.

En declaraciones a radio Cardinal 730 AM, el titular de la binacional calificó de “demagógico y oportunista” el proyecto de ley presentado en la víspera por el Frente Guasú y el Partido Liberal Radical Auténtico, mediante el cual se busca reducir las tarifas eléctricas e incluso condonar deudas, a través de la utilización de los fondos sociales de las entidades binacionales.

“Lo que sucede es que Fernando Lugo, cuando fue presidente, y el ministro de Obras Públicas de entonces, Efraín Alegre, nunca plantearon una reducción de la tarifa apelando a subsidios que vendrían de los fondos de Itaipú y Yacyretá. Es más, ellos prácticamente eliminaron la tarifa social, que es un programa que empezamos en el 2004”, señaló Duarte Frutos durante el programa conducido por el periodista Enrique Vargas Peña.

“Y no solamente que nunca lo plantearon, sino que utilizaron de manera sospechosa los 80 millones de dólares solicitados por Fatecha (Germán, en la época titular de la ANDE) para comprar generadores, mejorar el suministro de energía eléctrica y evitar los cortes. Y, sin embargo, cuando Fatecha con posterioridad fue consultado acerca de qué pasó con los recursos, señaló orondamente que esa plata se destinó a otra cosa. Por eso a mí me parece demagógico que hoy planteen esto”, añadió.

También calificó de “oportunista” el planteamiento. “¿Por qué lo plantean terminando el año legislativo? Porque justamente este es el momento de mayor uso de energía eléctrica, de un calor intenso, del verano, y es un momento en que evidentemente hay preocupaciones e irritación a veces en la sociedad porque se corta el servicio. Entonces ahí viene la pregunta de fondo: ¿qué vamos a hacer? ¿subsidiar tarifas o invertir en la infraestructura”, agregó.

En esta línea, explicó, es que Yacyretá está invirtiendo en la actualidad 100 millones de dólares en la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE), para el mejoramiento del servicio y el fortalecimiento del suministro de energía eléctrica.

“No estoy diciendo que no discutamos cómo podemos establecer una tarifa que beneficie a la clase media, no solamente a los sectores vulnerables, porque la clase media también es una clase trabajadora. Y por qué no pensar en las industrias que consumen energía con mayor intensidad, ya que necesitamos también en el Paraguay estimular el proceso de industrialización”, dijo.

En este marco, lo adecuado sería discutir una política energética nacional y definir qué vamos a hacer con nuestra energía: si continuamos con el rentismo hidroeléctrico, que supone la mera venta de la energía para que otros la consuman, o la utilizamos para orientarla al servicio del desarrollo nacional interno, a través de una política que vaya planteando una alternativa o un modelo paralelo al modelo atroexportador.

En esta dirección, es preciso apuntar a un proceso de creación polos industriales con un fuerte apoyo e incentivo a la mediana y a la pequeña empresa industrial, ya que son las que generalmente producen más empleo en el Paraguay.

 

Control de los fondos sociales

En otro momento, el director de Yacyretá defendió la utilización “vigilada y auditada” de los fondos sociales de las entidades binacionales. Estos recursos, señaló, son cruciales para que el poder Ejecutivo “alivie el conflicto distributivo” que tiene el país, ya que la política fiscal rígida impide un acceso rápido a fondos para paliar las situaciones de emergencia que todo gobierno debe enfrentar.

En esta dirección, apuntó, se orienta la próxima habilitación (el viernes 28 del corriente) de las primeras unidades de terapia intensiva en el departamento de Misiones. Ellas serán inauguradas en los hospitales distritales de San Ignacio y San Juan Bautista, con una inversión aproximada de 1 millón de dólares. Al mismo tiempo, y también gracias al financiamiento de la EBY, se ha instalado terapia intensiva en el Hospital Pediátrico de Encarnación.

Si los fondos sociales de las binacionales se remitieran al Congreso Nacional, como algunos sectores opinan, ellos pasarían lisa y llanamente a engrosar los gastos rígidos del Presupuesto.

“Lo importante es controlar la inversión social. En ese sentido, mi administración firmó un acuerdo con la Contraloría General de la República y estamos entregando todos los datos para verificar y auditar esos recursos que tenemos, por ejemplo, con las gobernaciones de las áreas de influencia: Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Caazapá”, recordó, al tiempo de anunciar que se ha acordado con la Secretaría Nacional Anticorrupción el establecimiento en la EBY una Unidad de Transparencia para verificar el destino y uso de los fondos sociales.

Duarte Frutos recordó que bajo su Presidencia, entre los años 2003 y 2008, se inició la política de inversión social para amortiguar el daño medioambiental y social generado por las hidroeléctricas. Entonces, la oposición criticó esa orientación.

“Pero cómo son las cosas que, tras perder las elecciones en 2008, ganan los liberales y los luguistas; Carlos Mateo Balmelli asume como director de Itaipú, y la primera resolución que adopta es que ‘había sido’ la inversión social corresponde y es lícita, después de todo el ataque y satanización que habían hecho a esa política”, aludió el director de la EBY.

Por último, se refirió a cuestiones vinculadas con el manejo de los recursos humanos en la Entidad, destacando que durante su administración se dejaron de renovar contratos de 250 personas que figuraban bajo la figura de “tercerizados”. Destacó que cuando Argentina ratifique las nuevas Notas Reversales se limitará al 17% de los ingresos devenidos de la venta de energía el pago de personal.